Los pecados de las páginas web públicas en Colombia

Son pecados porque, aunque partieron casi inocentemente en el proceso de implementar esta tecnología, surgieron de decisiones erradas que han generado afectaciones, sobrecostos, reprocesos y malas prácticas difíciles de ignorar y que es urgente atender.

Los mencionamos ahora porque, con la llegada de la IA, este medio vive la mayor transformación desde sus inicios y, en consecuencia, este es un llamado a aplicar lo aprendido, a evitar repetir estos errores y a reflexionar sobre los origenes.
 

Vanidad

Es bien conocido en nuestro país el hecho de que muchas páginas web de entidades públicas —y otros canales digitales— terminan sirviendo de plataforma de popularidad para sus directivos. Con notas centradas en sus agendas, fotos a manera de registro de eventos sociales y textos llenos de referencias a sus nombres y cargos, en ocasiones algunos funcionarios parecen más relevantes que la entidad que dirigen.

Esta práctica es aún más reprochable en entidades con alta vocación de servicio, donde la arquitectura de información y las estrategias de gestión de contenido terminan siendo "secuestradas" por cierto afán de protagonismo individual.

Este comportamiento no es sino un síntoma de un fenómeno más amplio presente en la estructuración de estos proyectos: anteponer las necesidades de la entidad a las del ciudadano. Este enfoque carga las páginas web de un excesivo perfil técnico, organizacional y normativo, además de que va en contravía de las buenas prácticas de arquitectura de información, las cuales buscan anteponer las audiencias, sus necesidades y sus patrones de consulta por encima de la visión interna de la organización.

Muy pocas entidades formulan sus páginas web a partir de un estudio serio de audiencias; muchas lo hacen de manera superficial y otras simplemente no lo hacen. Es una especie de "discriminación por negligencia" que excluye o ejecuta de forma deficiente este proceso de participación, aduciendo costos, complejidad o baja capacidad de las audiencias para aportar valor apreciable.
 

Soberbia

Quizás el mayor acto de soberbia que hoy se manifiesta en las páginas web públicas del país es fruto de una bien intencionada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

Esta norma, que procura garantizar "el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información", tiene su origen en un modelo archivístico y académico que supone un inventario mínimo de información que las entidades públicas están obligadas a publicar bajo ciertos parámetros. Fue un acto soberbio porque, de nuevo, no tuvo empatía con los ciudadanos: nunca estudió lo que estos esperaban de ese contenido, sino que, de manera autónoma y burocrática, concibió este espacio como un listado de reportes y planes complejos dirigidos a audiencias muy específicas.

También hay algo de soberbia en el hecho de que ese "listado" sea único para todas las entidades y que, aunque contemple ciertas excepciones según la naturaleza jurídica de éstas, termine normalizando las necesidades ciudadanas y aplanando sus intereses, reduciéndolos principalmente al control y la vigilancia.

Un factor adicional de soberbia es que este listado se convirtió en el requisito más importante a cumplir por cualquier página web estatal. Ello le ha conferido un rol protagónico en la gestión y en el espacio que ocupa dentro de los sitios web, absorbiendo en muchos casos —especialmente en las entidades más pequeñas— los escasos recursos disponibles para fortalecer sus canales digitales.

Nuestra hipótesis es que buena parte de estos contenidos responden más al interés de actores orientados hacia el control y la vigilancia que al de los ciudadanos. Una prueba de ello es que, según varias fuentes, el tráfico acumulado en promedio por estos tópicos dentro de algunos proyectos activos en el primer trimestre de 2026 no supera el 4,01 % del total.

Y no se trata de que este espacio no deba existir; de hecho, podría integrarse al ecosistema de datos abiertos del país con un enfoque más dirigido a nutrir sistemas de información institucionales, ciudadanos o privados que generen valor real para la transparencia y la participación.
 

Gula

Las páginas web estatales suelen "pisarse las mangueras". Basta ver las múltiples ocasiones en que un mismo contenido aparece publicado en diferentes dominios .gov.co.

Podría parecer positivo que varios sitios publiquen la misma norma, pues esto garantizaría su acceso; sin embargo, ese objetivo no se logra de esa manera y, por el contrario, obliga a varias entidades a gastar recursos manteniendo disponible la misma información. De igual forma, se ha pagado cientos de veces por el mismo trabajo en múltiples dimensiones: desarrollo, diseño de UX, consultoría, implementaciones, SEO, migraciones y otras operaciones, sin ningún tipo de normalización de honorarios, economías de escala, proyectos colaborativos sostenibles ni automatización de funciones, simplemente porque existe poca voluntad real de consolidar esfuerzos.

No es que no hayan existido proyectos comunes —GOV.CO o, en su momento, Gobierno en Línea son ejemplos de ello—, pero estos han fallado en materializar sus beneficios a escala, entre otras razones, por falta de recursos.

Nuestras páginas web públicas son así porque somos un país con recursos limitados, o son limitadas porque no hemos decidido ser un país diferente.

¿Cuánto dinero se ha gastado a cuenta de esta tendencia a trabajar en silos? ¿Vale la pena seguir desgastando a todas las entidades públicas en proyectos individuales perfectamente integrables en clústeres? ¿En qué aspectos que aumenten la calidad y pertinencia de los sitios web públicos se debería invertir el dinero que se podría liberar al eliminar estos sobrecostos?
 

Avaricia

Las páginas web públicas han crecido de manera desmedida y muy pocas han adoptado un ciclo responsable de disposición y archivo del contenido histórico. Esto genera varios problemas, en ocasiones invisibles para los equipos de TI.

El primero es el aumento en los costos de plataforma. Aunque la tecnología ha introducido eficiencias en este rubro, la publicación activa de material histórico innecesario impide que las reducciones de costo alivien los presupuestos asignados.

Un segundo aspecto es la higiene de contenidos: en ocasiones, material nuevo y antiguo entran en conflicto, enviando mensajes contradictorios a los ciudadanos. Es frecuente que formatos, normas e instructivos obsoletos aparezcan en los resultados de los motores de búsqueda haciéndose pasar por contenido vigente, generando desde simples confusiones hasta daños reputacionales o la necesidad de invertir recursos para mitigar su impacto.

Adicionalmente, buena parte del contenido olvidado en los sitios web oficiales tiene el potencial de generar riesgos de ciberseguridad o de incumplimiento normativo, introduciendo vulnerabilidades reales en proyectos que han acumulado contenido histórico sin evaluar qué conservan ni por qué.

Los responsables de los sitios web del Estado colombiano deben entender su rol no como custodios de un archivo ancestral, sino como gestores de una herramienta viva y evolutiva que debe mantenerse alineada con las expectativas y realidades del entorno en el que opera.
 

Pereza

Una de las manifestaciones más evidentes de la pereza en la gestión de las páginas web públicas es el descuido de atributos vitales como la seguridad informática. ¿Cómo se explica que sitios de alto tráfico aún no cuenten con soluciones adecuadas de seguridad perimetral para prevenir ataques de denegación de servicio? ¿O que sitios que deben operar 7×24 cuenten, si acaso, con soporte en horario de oficina? Los controles de seguridad informática en Colombia han mejorado, pero la deuda técnica en este ámbito sigue siendo considerable y no se resuelve solo por falta de recursos, sino también por desinterés e incapacidad real.

Otra muestra de esta desidia es la baja preparación ante nuevas tendencias. Desde el Decreto 2693 de 2012 se señalaba explícitamente la necesidad de proveer servicios y trámites adaptados a dispositivos móviles. Sin embargo, 14 años después persisten decenas de páginas web públicas que no se adaptan adecuadamente, a pesar de que los colombianos navegamos mayoritariamente desde estos dispositivos —con una cobertura superior al 90 % en 2025, según MinTIC—.

Un ejemplo adicional de desidia ha sido la penosa historia de la accesibilidad web en el ámbito público nacional. Aunque en el papel todo parece marchar bien —según los informes ITA de la Procuraduría General de la Nación—, la realidad dista mucho de serlo. No existen suficientes expertos para realizar auditorías aceptables, el concepto no está bien manejado por los equipos de TI ni por los órganos de control interno, y persisten prácticas que constituyen abiertos esguinces a la norma.

Esta incapacidad real de cumplir requerimientos plantea un riesgo serio ante la llegada de la IA como motor de transformación de Internet. ¿Qué será de nuestros frágiles controles de ciberseguridad en esta nueva era de amenazas autogeneradas? ¿Cómo se adaptarán estos rígidos sitios web a transformaciones aún más rápidas en los patrones de uso? ¿Qué será del contenido público si no es realmente accesible para todas las personas y, ahora, también para las máquinas?
 

Ignorancia

En las páginas web públicas muchas cosas se han hecho mal por desconocimiento. La lista de prácticas deficientes es larga, pero hay un caso que ilustra hasta dónde la ignorancia ha tenido un impacto profundo y costoso.

En 2012, el Manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea requirió que todas las entidades alcanzaran el nivel más exigente de la norma de accesibilidad web —conocido como triple A (AAA)— antes del cierre de 2015.

Este nivel de cumplimiento representa un verdadero desafío incluso hoy para casi cualquier proyecto web, sin importar si es público o privado, local o global. Sin embargo, en aquella ocasión se hizo exigible para todos los proyectos web públicos: grandes o pequeños, bien financiados o no, llegando incluso a cubrir las páginas web de alcaldías de sexta categoría. Fue uno de esos mandatos adoptados "por ser más papistas que el papa": sin medir el costo, sin planificar el impacto y sin reconocer que aún hoy no existen los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Ese requerimiento alcanzó a aparecer en pliegos de contratación y, aunque se duda de que alguien siquiera lo haya cumplido, lo cierto es que se destinaron recursos públicos a su hipotética gestión. ¿Quién fue responsable de semejante improvisación? ¿Cuánto dinero se perdió por esta vía? ¿Por qué ese daño se prolongó por varios años?
El asunto tenía, además, otra arista. La norma utilizada como referencia fue la NTC 5854, una suerte de paráfrasis de la norma internacional WCAG vigente en ese momento. 

La ignorancia, como queda en evidencia, no solo es atrevida: también es costosa.

Alguien consideró necesario "crear" una norma casi idéntica a la internacional, cuando bastaba con hacer referencia directa a esta última —tal como sí se hizo en 2020, cuando la Resolución 1519 adoptó ese mecanismo—. Para rematar, la NTC 5854 solo podía consultarse en detalle previo pago, generando un modelo de negocio a partir de una propiedad intelectual que en el fondo no era de Icontec.

Como hemos visto, los pecados abundan. Pero lejos de ser veniales o simples reflejos del desarrollo natural de un ecosistema, revelan un problema estructural que los relaciona: las páginas web públicas en Colombia frecuentemente carecen de un propósito bien fundamentado.

Aunque algunos proyectos han conseguido definir un propósito claro, otros todavía no logran identificarlo o acotarlo correctamente y en muchos casos otros simplemente siguen una corriente normativa aplanada y demandante que los lleva a perseguir un espejismo.

Sin ese propósito, todo lo demás —la arquitectura, los contenidos, los requisitos técnicos, los indicadores de gestión— se convierte en un andamiaje que existe para sostenerse a sí mismo. Las partes técnicas dejan de ser medios y se vuelven fines: útiles, sobre todo, para construir listas de chequeo, cumplir obligaciones normativas y reportar avances vacíos sobre el impacto real en la vida de los ciudadanos.

Por eso, cualquier llamado a la acción para saldar estos pecados debe comenzar con una pregunta que hoy pocas entidades se hacen con honestidad y mucho menos están dispuestas a defender con criterio: ¿para qué existe la página web y cómo ésta le aporta a los ciudadanos?

Mientras esa pregunta no tenga una respuesta sensata, concreta y verificable, seguiremos llenando la web de páginas públicas oficiales que en el mejor caso cumplen con todo... excepto con un propósito claro que impacte positivamente la vida de los colombianos.